República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 25 de octubre de 2011
EL TIEMPO
COTEJO DE FIRMAS REVELARÁ SI TESTIGO CONTRA PLAZAS VEGA FUE SUPLANTADO
El coronel (r) Alfonso Plazas, apeló la condena a 30 años.
Fiscalía analiza documento clave en el caso por el holocausto el Palacio de Justicia.
En los próximos días, una prueba grafológica de documentos le podría poner fin a la controversia judicial surgida por la supuesta suplantación de Édgar Villamizar, principal testigo contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
EL TIEMPO estableció que la Fiscalía avanza en el cotejo de dos firmas atribuidas a Villamizar, cabo retirado del Ejército cuyo paradero hoy se desconoce.
Una de ellas es la que estampó, el 23 de mayo pasado, en su versión ante la Procuraduría General. Ese día dijo que nunca había declarado contra Plazas Vega y que el testimonio que la Fiscalía le atribuye está lleno de imprecisiones como su apellido (aparece Villarreal), su profesión y hasta su ciudad de nacimiento.
"Nunca he visto personalmente al coronel Plazas, no lo tuve como comandante, solamente lo he visto por televisión (...). Nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería", se lee en ese documento.
La otra firma usada para el cotejo aparece en la supuesta copia de su declaración ante la Fiscalía, en agosto del 2007, que reposa en el expediente del Palacio de Justicia. Allí se le atribuye haber visto a los rehenes y escuchado a Plazas decir: "Cuelguen a esos H. P.".
El resultado del cotejo no solo podría sellar el curso del proceso contra Plazas Vega, quien está esperando a que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación contra su condena a 30 años de prisión. También será definitivo en el proceso que se le sigue a Ángela María Buitrago, ahora ex fiscal, quien llevó el caso de Plazas hasta su condena.
Pruebas anexas
Pero EL TIEMPO estableció que esos no son los únicos documentos que se analizan dentro de esta controversia.
Al lado de la supuesta firma del cabo (r.) en el testimonio ante la Fiscalía figuran otras que corresponderían al agente especial del Ministerio Público Henry Bustos Alba y a los investigadores Pablo E. Vásquez y Efrén González. Estas también serán evaluadas.
Además, están pendientes de declarar dentro del caso los investigadores de la Fiscalía que aseguran haber contactado a Villamizar para que atestiguara dentro del proceso.
Uno de ellos es Héctor Calderón Parra, quien lo habría conocido en la Fundación Educativa Lombroso. Se trata de una escuela de investigación criminalística ubicada en Bogotá, a la que Villamizar estaba asistiendo en calidad de jefe de seguridad de una empresa de calzado.
Calderón Parra dijo en su momento, en un testimonio grabado en video y audio, que Villamizar lo buscó para hablarle del Palacio de Justicia.
De ello dan fe informes de otros agentes del CTI supuestamente contactados por el cabo retirado, en los que este les narra que, tras su declaración, lo empezaron a buscar, en su casa del barrio Rafael Núñez de Bogotá, "hombres en camionetas polarizadas".
Uno de esos informes es del 17 de octubre del 2008 y varios de sus apartes coinciden con lo que Villamizar dijo tres años después en la Procuraduría.
EL ESPECTADOR
MINJUSTICIA INSISTE EN NECESIDAD DE CELERIDAD A DESCONGESTIÓN JUDICIAL
“Tenemos el compromiso con nuestros hijos de no dejarles un país donde hay 2’700.000 procesos atascados en los juzgados”: aseguró Juan Carlos Esguerra.
Este lunes el ministro de Justicia y el Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que ante la cantidad de procesos judiciales que actualmente se encuentran represados en los despachos, es necesario dotar de funciones jurisdiccionales a profesionales que tienen exactamente la misma preparación que ostentan los jueces.
“¿Qué tienen quienes formalmente están atribuidos de esta función que no tengamos los demás abogados? ¿De cuándo acá ha venido a resultar que aquí los jueces tienen una formación diferente a la que tenemos los demás abogados si estudiamos lo mismo, en los mismos sitios y fuimos vecinos de pupitre? Los invito a que se miren entre ustedes mismos y me digan si no habría entre los aquí presentes no pocos que estarían perfectamente en condiciones de desempeñar una función jurisdiccional”, dijo.
El ministro destacó que dentro del proyecto de Reforma a la Justicia, uno de los puntos cardinales consiste justamente en la propuesta que ha hecho el Gobierno para que pueda atribuirse excepcionalmente, y de manera transitoria, de funciones jurisdiccionales a quienes hoy no las ejercen formalmente.
“Piensen ustedes en el caso de los notarios si no hay allí un capital humano del que podríamos disponer para efectos de ver cómo ayudamos en la tarea de descongestionar los despachos judiciales. Tenemos el compromiso con nuestros hijos de no dejarles un país donde hay 2’700.000 procesos atascados en los juzgados, que no se resuelven”, insistió.
Por ello, el llamado del Ministro Esguerra se centró en apoyar una iniciativa para utilizar excepcionalmente los recursos con los que se puede contar, “es cuestión de gerencia pública, con ese propósito. A ver si mejoramos el puesto 178 entre los 183 países en materia de demoras judiciales”, concluyó.
MACROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón
Llama la atención que sean los conservadores quienes impulsen y defiendan el proyecto antiaborto y sean ellos mismos, encabezados por su director, José Darío Salazar, quien en el momento en que se hundió la propuesta haya amenazado con ir a las calles, con sábanas y todo (sábanas de motel, según su expresidente Andrés Pastrana), para recoger firmas tendiente a convocar un referendo. Sostienen ellos que la vida no es de los hombres sino del
Pero ¿así pensaban los que en la Edad Media, en nombre de Dios, promovieron las guerras religiosas? Y ellos, los conservadores criollos, ¿acaso no fueron los defensores de la pena de muerte en el siglo XIX? La mantuvieron hasta en la Constitución de 1886 y sólo en 1910 otros sectores políticos lograron derogarla. Pero, no contentos con eso, en 1925 quisieron implantarla nuevamente. Entonces fue célebre el debate en el Senado entre Antonio José Restrepo, liberal y acérrimo enemigo de la propuesta, y el poeta conservador Guillermo Valencia.
Cuentan que ese ha sido uno de los más espectaculares debates en nuestro Congreso. Se dijeron de todo, con una ilustración raras veces expuesta en el Capitolio. Pero Valencia, ante la falta de argumentos, acudió al ataque personal. Le dijo a su rival que “la naturaleza fue sabia al negar descendencia a Antonio José Restrepo”.
Para fortuna del país y de la vida, la propuesta se negó y, después de algún tiempo, cuando lguien trató de reconciliarlos, Ñito Restrepo (así lo llamaban), todavía dolido, le respondió: “Nada, nada, ese hombre me ofendió el espermatozoide”.
Miguel Antonio Caro, hijo de uno de los fundadores del conservatismo, señalaba que la diferencia entre los partidos es que “los conservadores son más ladrones que los liberales y los liberales más asesinos que los conservadores”. Hay quienes aseguran que es lo contrario.
De todas maneras, hoy los conservadores dicen defender la vida, pero con sábanas y verrugas. Sobre todo, como dice un amigo, cuando las sábanas de los moteles son peculiares.
¿AMPLIAR LA JUSTICIA MILITAR?
Por: Rodrigo Uprimny
¿Conviene o no ampliar el fuero militar, esto es, la competencia de la justicia militar?
El asunto no es menor y debe entonces ser abordado seriamente, y no como hasta ahora lo ha hecho el Congreso, que casi subrepticiamente, y con el aval del Gobierno, quiere ampliar ese fuero con un articulito en la propuesta de reforma a la justicia.
La regulación hoy, conforme a la jurisprudencia constitucional, es que el fuero militar es una excepción al principio general, según el cual todos estamos sometidos a una misma justicia, que es la justicia ordinaria. Por tratarse de una excepción, debe entonces entenderse restrictivamente, por lo cual sólo podrán ser juzgados por los tribunales castrenses aquellos delitos cometidos por militares o policías que estén claramente vinculados con el servicio. Y ciertos crímenes atroces, como las torturas, violaciones, asesinatos o desapariciones, por ser tan extraños a la función militar o policial, deben ser siempre considerados como delitos sin conexión con el servicio y deben siempre ser juzgados por la justicia ordinaria.
Esta regulación corresponde además a los mandatos del derecho internacional, que considera que la justicia militar no debe juzgar violaciones a los derechos humanos. La razón: los jueces militares no gozan de garantías suficientes de imparcialidad e independencia para asegurar un debido proceso, no sólo a las víctimas sino a los propios procesados. Y eso es así porque los tribunales militares son más un mecanismo de disciplina en los cuarteles que de administración de justicia, y por ello los jueces militares usualmente hacen parte de la estructura de mando. ¿Qué independencia e imparcialidad pueden entonces tener?
Esta regulación es la que se quiere cambiar. La idea es añadir un inciso a la Constitución que diga que “en todo caso se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública” y que, por ello, “cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar”.
Este pequeño cambio es enorme; convierte a la justicia militar en la regla general pues cualquier delito cometido en un operativo policial o militar irá siempre a la justicia castrense. Por ejemplo, casi todos los mal llamados “falsos positivos” serían conocidos por la justicia militar y no por la justicia ordinaria, pues esos asesinatos ocurrieron casi todos en operaciones militares.
La justificación esencial para defender este drástico cambio es que los jueces penales ordinarios no comprenden las particularidades de la actividad militar. Pero ese argumento no es convincente, pues lo mismo podría decirse de la labor médica o de las obras de ingeniería o de los delitos financieros; que esas actividades son complejas y difíciles de entender y que por ello debería existir una justicia especial médica, otra para ingenieros y otra para banqueros. Y así acabaríamos con la igualdad de todos ante la ley.
La mejor prueba de que los jueces penales ordinarios, con la adecuada formación, pueden comprender la lógica militar y juzgar apropiadamente a los militares es que muchas democracias serias, como Francia, Alemania, Austria, Holanda o Suecia, prácticamente han abolido la justicia militar, pues sólo la han dejado para casos de guerras internacionales. Bélgica, que es activa en operaciones militares extraterritoriales, la ha abolido tanto en tiempos de paz como de guerra. Y los otros países que mantienen el fuero militar, tienden a reservarlo para faltas estrictamente militares, como la deserción.
Si un juez civil belga puede comprender a sus militares cuando están en operaciones militares, ¿por qué no pueden hacerlo los jueces colombianos? ¿Por qué, entonces, devolver a una justicia militar, sin independencia ni imparcialidad, el conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos?
CORTE DESESTIMA DEMANDA CONTRA COLOMBIA POR GALEÓN SAN JOSÉ
La corte dio la razón a Colombia que alegaba la prescripción del caso y la improcedencia de la acción judicial.
Enlaces patrocinados - PauteFacil.com›Anuncie Aquí
Una corte de Washington desestimó una demanda de una empresa estadounidense que buscaba una compensación multimillonaria de Colombia por el caso del galeón español San José, hundido con una carga de oro y plata frente a las costas colombianas en junio de 1708.
La empresa Sea Search Armada alegaba que Colombia violó un contrato suscrito hace unos 30 años que le permitía rescatar el tesoro y pedía una compensación de 17.000 millones de dólares.
"La Corte (...) concede la petición del demandado y desestima el caso", indicó el fallo de la corte distrital del Distrito de Columbia, emitido el lunes.
La corte dio la razón a Colombia que alegaba la prescripción del caso y la improcedencia de la acción judicial.
El 8 de junio de 1708 el galeón San José trató infructuosamente de escapar de una flota de barcos británicos, y fue hundido con su carga de metales preciosos cerca de las costas de Cartagena (norte).
El gobierno colombiano se congratuló por la decisión, en un comunicado de su embajada en Washington.
El contrato que según la empresa estadounidense firmó con Bogotá "nunca existió", aseveró la embajada.
La decisión de la corte puede ser apelada.
EL NUEVO SIGLO
INSISTEN EN DAR FUNCIONES JUDICIALES A ABOGADOS
Para dar celeridad a la cantidad de procesos judiciales que actualmente se encuentran represados en los despachos, el Gobierno volvió a insistir en la necesidad de dotar de funciones jurisdiccionales a profesionales del Derecho.
El tema, que está incluido en el proyecto de reforma a la Justicia que está listo para segundo debate en la plenaria del Senado, ha generado gran controversia con las Cortes, que se han opuesto a otorgarles funciones jurisdiccionales a abogados y notarios.
Durante la instalación del Octavo Seminario Internacional de Gerencia Jurídica Pública, el ministro de Justicia y el Derecho Juan Carlos Esguerra expresó que esos profesionales a los que les otorgarían dichas facultades, tienen exactamente la misma preparación que ostentan los jueces.
“¿Qué tienen quienes formalmente están atribuidos de esta función que no tengamos los demás abogados? ¿De cuándo acá ha venido a resultar que aquí los jueces tienen una formación diferente a la que tenemos los demás abogados, si estudiamos lo mismo, en los mismos sitios y fuimos vecinos de pupitre? Los invito a que se miren entre ustedes mismos y me digan si no habría entre los aquí presentes no pocos que estarían perfectamente en condiciones de desempeñar una función jurisdiccional”, sostuvo el jefe de la cartera de justicia.
Según Esguerra, actualmente hay 2’700.000 procesos represados en el sistema judicial. “Piensen ustedes en el caso de los notarios, si no hay allí un capital humano del que podríamos disponer para efectos de ver cómo ayudamos en la tarea de descongestionar los despachos judiciales. Tenemos el compromiso con nuestros hijos de no dejarles un país donde hay 2’700.000 procesos atascados en los juzgados, que no se resuelven”, insistió.
Por ello, el funcionario se centró en apoyar una iniciativa para utilizar excepcionalmente los recursos con los que se puede contar, “es cuestión de gerencia pública, con ese propósito. A ver si mejoramos el puesto 178 entre los 183 países en materia de demoras judiciales”.
¿ASOMA REVOLCÓN?
La permanencia de Juan Carlos Pinzón en el ministerio de Defensa está más que asegurada. Los últimos reveses en Nariño y Arauca, en donde 20 militares perdieron la vida en dos cruentos ataques de las Farc, en los que el propio Gobierno y la cúpula castrense reconocieron la existencia de protocolos de seguridad, podrían obligar a un revolcón en las comandancias de varias divisiones, brigadas y batallones, en donde los resultados en la lucha contra los subversivos no han sido los mejores. Sin embargo, Pinzón sigue firme en la cartera y en proceso de rediseño toda la estrategia operacional, tanto de nivel táctico como estratégico.
Constituyente (I)
“… Esos procesos de constituyente uno saben dónde comienzan pero no dónde terminan”. Con esas palabras un veterano senador liberal tomó distancia de la idea que viene ambientándose en algunos círculos políticos para que se analice la posibilidad de convocar una asamblea constituyente que, en principio, tendría como principal tarea aplicar una reforma de fondo al sistema de administración de justicia pero que, dado que esta clase de instancias se pueden declarar omnímodas, podría llegar a abarcar una infinidad de temas, pues los temarios iniciales terminan siendo una referencia coyuntural pero, ya en funcionamiento, no hay límites mayores.
Constituyente (II)
Es claro que el principal temor de algunos sectores políticos se refiere a que detrás de los motivos para citar una asamblea constituyente estén temas tan polémicos como viabilizar un mecanismo que permita al ex presidente Álvaro Uribe volver a postularse a la Casa de Nariño, pasando por la prohibición del aborto y la cadena perpetua para violadores, hasta cambios en el sistema electoral. El uribismo, según se comenta en los corrillos políticos, sabe que la única forma de derribar la prohibición de reelección presidencial indefinida es que el constituyente primario se pronuncie a favor de la misma.
Peros gremiales
Entre los gremios productivos hay algunos reparos en torno al pliego de peticiones que algunos de ellos elevaron ante el gobierno Santos sobre lo que se requiere para afrontar la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Según trascendió el fin de semana, muchas de las peticiones que se han concretado ante la Casa de Nariño no han tenido en cuenta las necesidades de todos los sectores sino de algunos de los más importantes, e incluso se habrían colado solicitudes que hacen parte de pleitos internos de vieja data entre varios gremios del agro, el comercio, la industria y el sector de bienes y servicios.
Cuenta regresiva
En el Congreso están pendientes de la decisión que la Corte Constitucional debe dar a conocer en los próximos días en torno a si la Procuraduría General tiene o no la facultad para sancionar con la destitución del cargo a los senadores y Representantes a la Cámara. “… Sabemos que el fallo está en la puerta del horno pero lo que ha trascendido es confuso… Algunos rumores judiciales hablan de que la Corte le quitará esas facultades al Ministerio Público y las dejará única y exclusivamente en cabeza del Consejo de Estado… pero otras versiones hablan que la Procuraduría sí podrá aplicar la muerte política a los congresistas, aunque no bajo la figura de la pérdida de investidura o algo similar, sino por la vía de la sanción drástica por infracciones gravísimas al Código Único Disciplinario”, precisó el fin de semana un parlamentario.
QUE SE ARCHIVE LA REFORMA
En dura carta enviada al presidente del Senado Juan Manuel Corzo, un grupo de prestantes abogados, encabezados por el fundador de Legis de Colombia Tito Livio Caldas, el constitucionalista Juan Manuel Charry y el columnista José Manuel Acevedo, ha solicitado que se archive el proyecto de reforma a la Justicia, pues consideran que tal y como fue presentado no responde a las causas de la crisis y por tanto no tiene sentido continuar adelante con su trámite legislativo.
Catálogo de reparos. Los miembros del Instituto Libertad y Progreso, que reúne a cientos de profesionales del Derecho y economistas colombianos, dicen entre otras cosas que “en poco o nada contribuye el aumento de edad de ingreso y de retiro forzoso de los magistrados; la doble instancia no es de verdad doble, por quedar en la misma Corte la función investigativa; la mayor inversión de recursos sin cambios estructurales es apenas un paliativo; el choque de trenes se mantiene y la politización de las Cortes queda intocable".
Reclaman una reforma verdadera. La preocupación de los notables abogados se extiende también a la academia: Sabemos que aunque originalmente el doctor Caldas y sus compañeros de causa apoyarían al Gobierno en un texto que de verdad quisiera erradicar estas prácticas y acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, es grande la decepción en los colegios de abogados y centros de pensamiento por el nimio texto que hoy hace carrera en el Congreso.
Insostenible. Incluso, se sabe que el columnista Jota Eme Acevedo entró en comunicación con el secretario General de Casa de Nariño Federico Rengifo para ofrecer el acompañamiento de esa agremiación al texto original de la reforma, pero dado el viraje del Gobierno ese apoyo se volvió insostenible y terminó convertido en fuerte crítica expresada en esta carta que reposa en el despacho del presidente del Congreso Juan Manuel Corzo.
Minjusticia preocupado. Supimos que el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra ha exteriorizado su preocupación con el tema del Consejo Superior de la Judicatura al que el Congreso pretende otorgarle funciones supraconstitucionales como son las de juzgar a los magistrados de la Corte Constitucional, cuando lo que se pretendía era eliminarlo, ahora aparece por cuenta de los legisladores como la gran “súper Corte”. Esguerra ha mostrado también su preocupación con el manejo que se le está dando al tema de la Justicia Penal Militar. La desigual pelea del ministro Esguerra con su colega de gabinete Germán Vargas y el Congreso es pelea de toche con guayaba madura.
Un senador único. A todas estas, otro que pelea solo contra el mundo es el senador Juan Carlos Vélez Uribe, quien libra una batalla en defensa del fuero militar, pues sostiene que “un Ejército sin fuero está derrotado”. El paisa Vélez es en la práctica el único senador leal que le queda al ex presidente Uribe. Las ratas huyen cuando el barco se hunde, así sea con las luces encendidas.
LA GRAN MENTIRA
RAFAEL NIETO NAVIA
En 2005 la Corte Constitucional consideró exequible el artículo 122 del Código Penal que dice que el aborto es un crimen, pero exceptuó tres casos: violación, peligro para la vida de la mujer -hipótesis prácticamente inexistente hoy- y malformación del feto que haga inviable su vida. Más adelante, una sala de tutela de la misma Corte dijo que el aborto era un “derecho” y, posteriormente, otra dijo que se trataba de un derecho “fundamental.”
En el año 660 a.C., Zaleuco, el protolegislador griego, expidió un código en el que dijo que los jueces deberían respetar las leyes y evitar la arbitrariedad dictaminando un día en un sentido y otro en otro. Así lo hacen los países civilizados, pero, después de 2.800 años, eso no sucede en Colombia.
Recientemente una Comisión del Senado derrotó, por tres votos de mayoría, una propuesta que decía que en Colombia había que respetar la vida en todos los casos, lo que implícitamente prohibía el aborto. En el mismo Congreso se había caído recientemente un proyecto que daba prisión de por vida a los pedófilos y que estaba respaldado por varios millones de firmas. ¿Coincidencia ideológica?
Los argumentos para rechazar el derecho a la vida, que no otra cosa se decidió, son una gran mentira: en primer lugar se dijo, de manera soez por demás, que el proyecto era producto de fanáticos religiosos; ¿fanáticos religiosos por defender la vida? Por ahí vamos derecho a la eugenesia, es decir, a la supervivencia del más fuerte y del más rico, pero solamente hasta que sean viejos porque entonces vendrá la eutanasia. ¿Algún parecido con las teorías de Hitler?
Luego se dijo que en Colombia hay 400.400 abortos clandestinos, infundio que se tragó entero el editorialista del más grande diario del país. La cifra proviene del Instituto Guttmacher, una bien conocida organización proabortista. La primera pregunta que ocurre es: si son clandestinos ¿cómo los cuentan? A nadie se le ocurrió hacerla. La segunda es ¿cómo compara esa cifra con otros países? Los Estados Unidos tenían en 2010 308 millones de habitantes. Allá el aborto está legalizado y hubo 1.2 millones, es decir, grosso modo, un medio por ciento sobre la población. ¿Podría alguien explicar por qué en Colombia esa cifra sube al 1% equivalente al 66% de los 608.000 nacimientos anuales? No ciertamente nuestros inefables congresistas.
Luego se habló de que el proyecto prohibía las investigaciones con células madres y atentaba contra el progreso científico. Esas investigaciones se hacen hoy con cordones umbilicales y no con embriones.
Lo cierto es que el embrión no puede opinar. Se le condena a muerte sin haber sido oído y vencido en juicio y, lo que es peor, sin haber cometido un crimen. El crimen contra el no nacido es peor que otros, precisamente por esa circunstancia de indefensión total.
Coda. Países civilizados son los que tienen un orden jurídico interno y lo ponen en práctica. ¡Qué lejos estamos nosotros de ser un país civilizado!